Opinión: Política residencial

HACE cinco años largos ya, el Gobierno del Principado aprobó el Decreto 79/02 de Inspección, registro, autorización y acreditación de los centros de servicios sociales, que regula, entre otras cosas, las condiciones a las que habrán de someterse cualesquiera establecimientos de atención de servicios sociales, especialmente los dirigidos a la atención de menores, personas con discapacidad y personas mayores.

En el citado decreto, se señalan aspectos relevantes en relación con estos establecimientos -tanto públicos como privados- y con las condiciones que deben cumplir sus instalaciones y equipamientos, así como con las ratios de personal y la formación necesaria del mismo, una de las grandes asignaturas pendientes en las ofertas privadas (las condiciones laborales son otra de las asignaturas pendientes del control administrativo de la Inspección de Trabajo).

El decreto preveía un periodo de cinco años para que todos los centros hasta entonces autorizados se adaptasen al mismo, plazo que se cumple en estos momentos. Es decir, a partir del inicio del año 2008, cualquier establecimiento que no reúna las citadas condiciones puede ser sancionado conforme a la escala de sanciones que el propio decreto prevé y que han sido revisadas y actualizadas en la nueva ley de Servicios Sociales del año 2003.

Merece la pena hacer una mención específica sobre las condiciones de algunas de las residencias de ancianos, en relación a la razonable adecuación a esta norma, en cuanto a la suficiencia de personal y a las condiciones de las instalaciones. Y no estará de más recordar que el decreto, además de exhaustivo en relación a las mismas, al establecer desde las condiciones de las cocinas hasta el tamaño básico de las habitaciones, pasando por las condiciones de los sistemas de calefacción y recorriendo los servicios y programas que han de desarrollar, establece también que corresponde a los servicios de Inspección de la Consejería de Bienestar Social garantizar, a través de los procedimientos de inspección y sanción, que las mismas se cumplan.

El parque residencial en Asturias, insuficiente en la oferta pública y concertada y claramente deficiente en las condiciones de mucha de la oferta privada, necesita un servicio de Inspección que funcione y no esté infradotado, como en la actualidad. El crecimiento de la demanda residencial es inevitablemente exponencial y guarda relación con el ritmo de modificación (abrumador) de nuestra pirámide de población. La lista de espera de demanda residencial pública que arrastra el Principado (por cierto, no se ha planteado elaborar un Plan Gerontológico Regional de forma incomprensible) es creciente y difícilmente reducible con el desarrollo de la nueva Ley de Dependencia, que establece cuantiosos recursos y prestaciones que difícilmente serán capaces de satisfacer la demanda familiar.

Asturias tiene un 24% de población mayor de 65 años, y la extrapolación de los datos permite afirmar que la tendencia, debido a la caída poblacional producida por nuestra baja tasa de fecundidad, nuestro saldo migratorio negativo y nuestro índice de mortalidad (paradójicamente alto, ya que mueren más personas mayores, donde viven más personas mayores), hará que alcancemos en el año 2030, o antes, una tasa de ancianización cercana al 32%, es decir, uno de cada tres asturianos seremos mayores en torno a ese periodo.

Las residencias son una demanda explícita de gran parte de las familias con ancianos dependientes. Sus precios oscilan hoy en la horquilla de 1.400 a 2.700 euros por persona y mes, una carga que las rentas familiares difícilmente pueden afrontar, como que, para encima, no tengan la calidad necesaria que el Decreto 79/02 establece.

La Administración no puede hacer la vista gorda sobre la premisa de que el agobio de demanda pública justifique una oferta privada en cualesquiera condiciones.

1 comentario sobre “Opinión: Política residencial”

  1. laurabel dijo:

    HAY QUE IR CAMBIANDO EL CRITERIO: no más construcción, no más inversión salvaje en desarrollismo. Hay que mantener, conservar, gestionar. Se invierte en nuevas carreteras lo que no se tiene, y no se mantienen en buenas condiciones las existentes. No tenemos la cultura del “mantener”, “cuidar”, “reparar”. Y en el área de gestión, la administración privatiza los servicios que presta, pero a la vez es imprescindible que controle su prestación, y ese mismo control ha de extenderse a servicios privados equivalentes. Por control ha de entenderse verificación de cumplimiento de contratos, de normas higiénicas, etc, no inmiscuirse en la vida ajena. El futuro de los funcionarios es la inspección, hay que ser ciego para no verlo.

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