Omertá en el carbón español (contra la ley del silencio)

Artículo de opinión de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, y Manolo R. Barrero, ex-alcalde y actual concejal verde de Villablino en el valle de Laciana.

¿Es posible una transformación ecológica de la economía española? Claro que sí, pero para ello hará falta salir de la “economía del carbón” y apostar por un “New Deal Verde” ecológicamente sostenible y socialmente justo.

Tomemos el Valle de Laciana en León como ejemplo de esta economía del carbón. Este valle está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y está dentro de la Red Natura 2000. Sin embargo, desde hace más de una década, la empresa Coto Minero Cantábrico tiene en activo tres explotaciones de carbón a cielo abierto en las comarcas leonesas de Babia y Laciana declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia. En el caso de una de ellas, “El Feixolín”, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decretado la clausura y cierre de la explotación, confirmada por el Tribunal Supremo. Incluso se está a la espera de una resolución del Tribunal de Justicia de Estrasburgo, lo que contrasta con la dejadez de la Junta de Castilla y León que sigue sin aplicar las diferentes sentencias judiciales. Mientras tanto, el empresario, apoyado por el tejido político-sindical local, hace caso omiso de la legislación ambiental y prosigue con sus labores de explotación en iguales condiciones que lo venía haciendo. Todo para que crezcan los beneficios de unos pocos y se mantenga el empleo a costa de la naturaleza y de los trabajadores de las minas a cielo abierto que viven con contratos basura y sueldos de miseria.

Este caso refleja el “consenso del carbón” que existe en España. Independientemente de la insostenibilidad y de la desaparición ineluctable de este sector (20% en 2001, 13% en 2009), las principales fuerzas políticas y sociales practican la política del avestruz y cortoplacista, eludiendo la realidad. Primero, la Unión Europea ha anunciado que a partir de 2014 dejará de proporcionar ayudas a la minería de carbón. Segundo, las minas a cielo abierto no son rentables y el carbón extraído es de pésima calidad. Tercero, el carbón es una energía fósil que contribuye al calentamiento global. Pese a estas evidencias y a la vez que ponía más trabas a la producción de energías renovables, el gobierno español aprobó un Real Decreto en febrero de 2010 para prolongar esta actividad económica en Castilla y León, Asturias o Aragón. Al igual que subyace en los planes E y 2000E, aplica una premisa nunca cuestionada que sin embargo se tambalea cada vez más: mantener el empleo artificialmente, por encima de cualquier consideración ambiental o de equidad.

Ahora bien, en lugar de esta “economía del carbón”, lo que necesitamos para el siglo XXI es más bien una “economía baja en carbono”. Contra el cambio climático y para no depender de las energías fósiles, es imprescindible un sistema energético descentralizado que se apoye realmente en la reducción del consumo y el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. Un sistema que no dude en recordar, como la comunidad científica internacional y los ecologistas con el petróleo del Yasuní, que el carbón que queda debe seguir en el subsuelo.

Pero más allá de estos principios verdes básicos, el cierre progresivo del sector del carbón exige respuestas sociales. Ya no podemos seguir oponiendo de manera básica y errónea –o a veces intencionada– ecología y empleo, como si de enemigos se trataran. Si no, a medida que se agrave la crisis ecológica, conoceremos un aumento de la desesperación laboral, alimentada en gran parte por empresarios sin escrúpulos que se lucran a costa de las arcas públicas, de los trabajadores y de la naturaleza. Es lo que ocurre en Laciana donde se suspende de nómina a los trabajadores y se culpa a Los Verdes de la falta de liquidez de la empresa, lo cual desemboca en agresiones físicas al concejal abajo firmante.

Al contrario: el futuro del empleo y de la actividad humana se encuentra en la transformación ecológica de la economía y del mercado laboral. Los sectores que se van a comprimir sí o sí por razones ecológicas y de sostenibilidad futura, como los basados en energías fósiles como el carbón (50.000 empleos hace 25 años, 8.000 hoy, ¿cuántos en 2014?), deben dejar poco a poco el paso a los que generan empleo duradero verde a base de fomentar las energías renovables, el transporte público, la rehabilitación de edificios, la agricultura ecológica, los cuidados a las personas, etc. Para ello, es necesaria una reorientación laboral –digna, participativa y planificada— para los trabajadores, con el fin de que su valioso “know-how” puedan aprovecharse en sectores sostenibles (dicho de otra manera: si sé construir un coche, ¿por qué no sería capaz de construir un autobús?).
Para conseguir esta “gran transformación del siglo XXI” urge por tanto un pacto social de nueva cuna y de largo alcance donde las cuestiones socio-ecológicas se conviertan en un eje estructurante y motor. Este nuevo pacto, que llamamos en toda Europa el “New Deal Verde”, pone el enfoque en el cambio de modelo social para conseguir una sociedad no solo más justa sino además más sostenible. Se trata de un acuerdo ambicioso, en positivo, para dar salidas a la vez realistas y radicales, donde salgan beneficiados no solo la naturaleza y las generaciones futuras, sino también los propios trabajadores.

Esta economía sostenible, baja en carbono y que requiere otra organización social, es la antítesis de las minas de carbón a cielo abierto. Pero sobre todo, es la tesis ilusionante en pro de una sociedad que reconoce el gran valor intrínseco de su medioambiente y de sus personas

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